• Su incorporación a la ley es para logar transparencia en contratos, certeza a la ciudadanía y claridad entre competidores
El diputado Jaime Bueno Zertuche (PRI) presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de establecer que las contrataciones públicas deben apegarse a los principios de ética, transparencia y máxima publicidad.
La propuesta, convertida a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, busca que, a través de la aplicación de estos fundamentos, se genere una dinámica positiva en las adquisiciones públicas y fortalezca la confianza ciudadana en los servidores públicos.
Explica que la Administración Pública Federal (APF) entregó en 2021 un total de 157 mil 796 contratos, de los cuales el 80.3 por ciento se adjudicó directamente; en tanto, las licitaciones públicas representaron 10.3 por ciento y las invitaciones restringidas 6.1 por ciento, mientras que 3.2 por ciento se realizaron con otros mecanismos.
A esto se suma que, en el mismo periodo, el actual gobierno entregó 52 contratos a empresas fantasma por un monto de 162 millones de pesos. La dependencia que adjudicó los mayores montos a estas figuras (108.5 millones de pesos) fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Bueno Zertuche mencionó en la exposición de motivos de la iniciativa que, en el caso de las adquisiciones de 2021, se mantuvo la tendencia en la que 8 de cada 10 contratos del gobierno federal fueron entregados por adjudicación directa.
“En el área de servicios de comunicación social y publicidad, el 90 por ciento de los contratos se dieron sin licitar y las 10 empresas que han recibido más recursos ganaron el 100 por ciento de sus contratos por adjudicación directa”, destacaron.
El legislador precisó que las instituciones con mayores montos y porcentajes de adjudicaciones directas fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Banco de Bienestar y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Por todo ello, concluyó, el incorporar los principios de ética, transparencia y máxima publicidad en el texto de la ley, se obliga su aplicación en todos los procedimientos fundamentales, con el fin de generar procesos más transparentes, dar mayor certeza a la ciudadanía y más claridad entre competidores, elementos que permitirán a los servidores públicos ampliar el espectro de las adquisiciones públicas.
