Guanajuato, Gto. – Con el objetivo de profundizar sobre el quinto informe de actividades presentado por el fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, y conocer el estatus que guarda la procuración de justicia en la entidad, se llevó a cabo una mesa de trabajo.
El diputado Luis Ernesto Ayala Torres, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, señaló que la Ley Orgánica de la Fiscalía refiere la obligación del fiscal de informar sobre su gestión y dio lectura a la mecánica de la reunión.
Con base en la mecánica aprobada, Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal general, realizó una presentación donde habló sobre las principales funciones que desarrollan y remarcó que no está entre ellas la prevención del delito. Asimismo, comentó que la Fiscalía General es la mejor institución de procuración de justicia del país.
En la primera ronda de preguntas intervinieron las diputadas y los diputados Laura Cristina Márquez Alcalá, Cuauhtémoc Becerra González, José Alfonso Borja Pimentel, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, Martha Lourdes Ortega Roque, Angélica Casillas Martínez, Ernesto Millán Soberanes, Martha Guadalupe Hernández Camarena y Briseida Anabel Magdaleno González, quienes cuestionaron sobre cómo va la implementación de las fiscalías especializadas y los retos que se avizoran; si la estrategia y su desempeño fueron correctas ya que claramente estaba fallando; por qué o por quienes decidió seguir al frente de la fiscalía; los resultados del modelo de atención para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar; detallar las acciones que llevaron acabo en materia de violencia de género y sus avances; cuánto colabora la guardia nacional en la entidad a combatir el crimen, si las averiguaciones que realizan las comparten y si sus acciones contribuyen al combate del crimen organizado; si hace falta capacitación al ministerio público y a la policía de investigación que se traduzca en mejores resultados; si existe la policía cibernética y se justifica su labor.
También indagaron sobre por qué las cifras no coinciden con las que se emiten a nivel nacional; cómo se decía que la fiscalía garantizaba la procuración de justicia con perspectiva de género si no eran capaces de sacar a los feminicidas del territorio del estado; por qué las cifras de Alerta Ámbar no coincidían; el número de personas desaparecidas; los factores o circunstancias por las que se generó incremento en diversos delitos; las estrategias a implementar para reposicionar a la entidad; los mecanismos que la fiscalía ha implementado para garantizar la denuncia y los modelos de atención a víctimas; el número de carpetas judicializadas, los archivos temporales y el no ejercicio de la acción penal.
Abundaron respecto al registro de feminicidios y las acciones que se implementarán para que no sigan en aumento, así como las estrategias para combatirlo y cómo se reparó el daño a las víctimas; la visión general de la Fiscalía General sobre los delitos cometidos contra las mujeres y los principales problemas para tener sentencia condenatoria en este tipo de delitos; lo que se ha realizado respecto a la pensión de los familiares de personas desaparecidas, protocolos, políticas y disposiciones internas que se cuentan para la atención de dichas personas, así como los apoyos otorgados; y las acciones que implementa la Fiscalía para procesar datos de violencia de género.
En la segunda ronda intervinieron las legisladoras y los legisladores Rolando Fortino Alcántar Rojas; Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Alma Edwviges Alcaraz Hernández, María de la Luz Hernández Martínez, Dessire Angel Rocha, César Larrondo Díaz, Irma Leticia González Sánchez y Lilia Margarita Rionda Salas.
Las preguntas versaron sobre la investigación del delito de extorsión, las acciones que se han implementado en coordinación con otras dependencias para combatir ese delito; el número de carpetas abiertas por el delito de desaparición forzada de personas, el número de personas sentenciadas, si se detectó un grupo delictivo criminal y las herramientas que utiliza la fiscalía en el juicio; así como el municipio con mayor índice en ese delito y lo que falta para disminuirlo; si se pactó con alguien los beneficios para su familia y respecto a su pensión; las causas que originaron, el seguimiento y el estatus de los diez informes de presunta responsabilidad administrativa emitidos por el Órgano Interno de Control.
Profundizaron respecto al informe que emitirá México Evalúa sobre los datos en materia penal, dónde se comenta que la Fiscalía es un caso paradigmático, ya que por un lado hay buenos resultados y por otros están rebasados por la realidad, y que parece que ha entendido qué transparentar, qué no y cómo hacerlo; el por qué las cifras que se manejan son aisladas; la discrepancia en el registro estatal de cuerpos no identificados y cómo se está asegurando la cifra oficial de personas desaparecidas; si dentro de las investigaciones se utiliza la información que genera la inteligencia de la fiscalía; cuántas y cuáles organizaciones han sido desmembradas, cuántas se han constituido como nuevas organizaciones y células, los apoyos en concreto que proporciona la federación; y la carpetas abiertas por delincuencia organizada, las acciones para su desmantelamiento, los detenidos y procesados por ese delito.
Además, indagaron sobre cuáles casos los clasifican como feminicidios; a qué se debe la discrepancia de no clasificar como feminicidios los homicidios dolosos de mujeres si encuadran con algunas circunstancias de feminicidio; el avance del caso del secretario particular de la candidata de MORENA en Irapuato; el porcentaje de impunidad en la entidad y quién genera ese dato; y el índice de impunidad de las 32 entidades administrativas.
En la tercera ronda de participaciones intervinieron las y los congresistas Susana Bermúdez Cano, Yulma Rocha Aguilar, Aldo Iván Márquez Becerra, Irma Leticia González Sánchez, Gerardo Fernández González, Jorge Ortiz Ortega y Katya Cristina Soto Escamilla.
Abundaron sobre el procedimiento para afectar el fondo de atención a víctimas, el tiempo de respuesta promedio, el número de personas apoyadas que corresponde a buscadoras, las canalizadas a atención médica, el seguimiento que se les da, entre otras; qué ha realizado la fiscalía para que en la entidad se castiguen con toda la contundencia de la ley esas atrocidades contra mujeres; si se modificó el funcionamiento y operación del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guanajuato; cuántas carpetas de investigación fueron atendidas por el delito sobre incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en el ejercicio que se informa y el porcentaje de esas denuncias se derivan en sede ministerial, a través de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Penal.
De igual manera solicitaron explicara el número de carpetas por homicidio doloso que se clasificaron como feminicidio; cuántas sentencias por homicidio doloso de mujeres y feminicidios; el trabajo que se realiza con los municipios; qué pasó con el caso de Lorenza Cano; cuántos nuevos elementos se han contratado y qué se requiere para suplir el déficit de personal, así como cuánto se destinó para contratar agentes de ministerio público; la manera en que distribuyó el Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas u Ofendidos del Delito, así como el impacto socioeconómico del fondo; si va a atender alguno de los casos de mal uso de recursos públicos del FIDESSEG antes de que termine su gestión; cuántos informes de análisis de contexto se han realizado en la entidad y si se puede desglosar por tipo de delito; y a cuántas niñas y niños víctimas indirectas del delito de feminicidio y desaparición se les ha otorgado atención y apoyo.
En la última ronda intervinieron las y los congresistas Armando Rangel Hernández, Alma Edwviges Alcaraz Hernández, Alejandro Arias Ávila, Víctor Manuel Zanella Huerta y Bricio Balderas Álvarez, quienes indagaron sobre qué se ha obtenido de la vinculación con la ciudadanía; el desempeño de la Academia de Investigación Criminal y el Instituto de Formación y Servicio Profesional; cuándo será la presentación de su renuncia como titular de la Fiscalía General; el lugar en el que vivirá en los próximos años; dónde se encuentran parados con la conducta delictiva de extorsión, las ciudades dónde más se está cometiendo ese delito y por qué existe la percepción de que ante delitos de alto impacto social parece que se logra con mucha prontitud el esclarecimiento de esos hechos en comparación con otros.
Otro de los temas que cuestionaron fue respecto al vínculo con organizaciones internacionales donde se señala que se realizaron solicitudes de rastreo a la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y por ello se completaron 1,585 de ellas, preguntaron en qué consisten dichas solicitudes, la cantidad de delitos que ayudaron a esclarecer, cuántas armas se decomisaron y qué lugar ocupa la entidad en el decomiso de armas; qué hace diferente a la Fiscalía de Guanajuato con sus homólogas en otros estados; por qué se le quita dinero al Fondo de Víctimas, en qué se usan esas reversiones de recursos; y cuántos casos de éxito tuvieron en la localización de esas personas desaparecidas en las carpetas de colaboración que se abrieron con otros estados.
El funcionario dio respuesta a cada uno de los cuestionamientos, entre lo que mencionó que la incidencia delictiva tiene que ver con los hechos acontecidos, no es por las denuncias sino por las acciones de la fiscalía; Guanajuato en donde más se combate el narcomenudeo; resultado del Convenio de Colaboración de la Instalación de las Salas Penales para delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, así como mujeres se logra la resolución en juicios abreviados; se realiza énfasis en los feminicidios y la desaparición de mujeres; la capacitación se realiza de manera permanente y se ha evolucionado en la que se otorga a cada uno de los agentes de investigación; la policía cibernética revisa toda la información que fluye por internet, se tiene personal exprofeso para los casos que se denuncian; respecto a las sentencias por feminicidios comentó que todos los cometidos en 2022 fueron esclarecidos, que no haya sentencia no significa que vaya a quedar impune.
Agregó que no se ha maquillado ninguna cifra, que son evaluados y revisadas cada una de ellas mes con mes; respectos a los modelos de atención a víctimas implementados habló sobre los módulos de atención primaria, las unidades especializadas de atención móvil; la integración de las carpetas se han llevado a cabo de la mejor forma posible y muchas de las denuncias que se hicieron y se archivaron no es porque no haya delito sino por la reparación del daño, con base en la norma; y para que los agentes del Ministerio Público sean confiables se cuenta con las evaluaciones de control de confianza al 100%, con el área de asuntos internos y vigilancia por el órgano interno de control.
Mencionó que el delito de extorsión está vinculado a grupos delictivos y debe ser atendido de una manera diferente a lo ordinario; en materia de desaparición forzada, en 2023, se tiene una investigación abierta y cuatro personas detenidas; desaparición cometida por particulares se encuentras 38 personas vinculadas a proceso; León, Celaya e Irapuato son las que tienen más denuncias de personas desaparecidas; la fiscalía ha apostado a la reconfiguración de los diferentes procesos de investigación acordes a la normativa y los protocolos vigentes; y que la forma en la que se brindan los datos es conforme a la metodología que establecen las diferentes instancias evaluadoras.
Precisó que, tratándose de delitos relativos a delincuencia organizada el margen local se encuentra acotado a lo que la norma dispone, en 2023 se remitieron más de mil carpetas a la federación; en materia de feminicidios, el sustento legal está establecido en el Código Penal donde se define el delito; y que el porcentaje de impunidad ocupan el tercer lugar de índice de impunidad, recordando que el primero es quien menos tiene.
Asimismo, el fiscal general describió los detalles para ser beneficiario del Fondo para la Atención y Apoyo a las Victimas u Ofendidos del Delitos, que el apoyo se da de manera inmediata, se brindó a 84 víctimas, 34 canalizaciones a instituciones públicas, en el refugio temporal se integraron 271 expedientes; indicó que se iniciaron 2,794 carpetas de investigación por incumplimiento de alimentos; 120 sentencias condenatorias por feminicidios y homicidios dolosos contra mujeres; sobre el caso de Lorenza Cano comentó que es falso que el ministerio público equivocó su actuar; se han contratado 78 ministerios públicos; se iniciaron más de 141 mil carpetas de investigación.
Indicó que los agentes de ministerio público deben cursar una especialidad en justicia penal que dura 9 meses de formación; el fondo que maneja la fiscalía tiene carácter de complementario, porque así se estableció, las mencionadas reversiones son reintegros y están acreditados; se comentó que investigan todos los casos y es la inmensa mayoría que se obtienen resultados no solo los mediáticos; en cuánto al delito de extorsión se sigue trabajando y atacando diversas células delictivas; y que el dinero del fondo si no se acaba se acumula al siguiente año, no es subejercicio sino remanentes.
Finalmente, agradeció la apertura para ser escuchado en este diálogo y reiteró su disposición para la transparencia y rendición de cuentas.
El legislador Luis Ernesto Ayala Torres clausuró la mesa de trabajo y agradeció a quienes siguieron la transmisión a través de las redes sociales.
En la reunión participaron las diputadas y los diputados Angélica Casillas Martínez, Irma Leticia González Sánchez, Dessire Angel Rocha, Lilia Margarita Rionda Salas, Susana Bermúdez Cano, Martha Lourdes Ortega Roque, Martha Guadalupe Hernández Camarena, Briseida Anabel Magdaleno González, Alma Edwviges Alcaraz Hernández, María de la Luz Hernández Martínez, Laura Cristina Márquez Alcalá, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Yulma Rocha Aguilar y Katya Cristina Soto Escamilla; así como los diputados Luis Ernesto Ayala Torres, Víctor Manuel Zanella Huerta, Ernesto Millán Soberanes, Cuauhtémoc Becerra González, Bricio Balderas Álvarez, Alejandro Arias Ávila, Martín López Camacho, Rolando Fortino Alcántar Rojas, Armando Rangel Hernández, José Alfonso Borja Pimentel, César Larrondo Díaz, Gerardo Fernández González, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, Jorge Ortiz Ortega y Aldo Iván Márquez Becerra.
