Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de abril de 2018
El día de ayer el PRI y sus aliados votaron a favor de la Ley de Comunicación Social. Antes de la discusión el Grupo Parlamentario del PRD presentó una moción de suspensión para regresar a Comisión el dictamen aprobado por los diputados priistas y morenistas integrantes de la Comisión de Gobernación; el Dip. Arturo Bravo Guadarrama menciono que este dictamen no contempló las demandas de la sociedad civil, de los expertos y académicos; así mismo, incumple con lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual era expedir una ley en la que se regulara el gasto en publicidad oficial como lo marca la reforma constitucional de 2014.
El diputado guanajuatense comentó que la Ley de Comunicación Social otorga excesivas facultades a la Secretaría de Gobernación, cuyo marco competencial crece de manera significativa, provocando que la secretaría encargada de la política interior del país tome control político de la propaganda gubernamental, con ello se da un mensaje de que los medios de comunicación deben estar bien con el gobierno en turno, si quieren tener acceso a los contratos publicitarios, de ahí que será popularmente conocida como “ley chayote”.
Bravo Guadarrama aseguró que la Ley no contempla un límite preciso al monto asignado de los recursos públicos de la propaganda gubernamental, por lo que se seguirá ejerciendo gastos ilimitados y discrecionales.
El diputado federal manifestó que “en la Ley aprobada se contempla de manera muy marginal el ejercicio de fiscalización que pudiera tener la Auditoria Superior de la Federación, lo cual no abona en el control eficaz del gasto en la materia. No se desarrolla adecuadamente los principios constitucionales de neutralidad e institucionalidad que debe tener toda propaganda gubernamental de los tres órdenes de gobierno y, además, introduce injustificadamente la figura de mensajes extraordinarios, asimismo, no contempla el derecho de audiencia”.
El perredista guanajuatense concluyó que es necesario establecer criterios abiertos y transparentes para la adjudicación de los contratos de publicidad, y se debía incluir de manera puntual restricciones a la propaganda gubernamental para que no se incluya la imagen, el nombre, el cargo, características personales, mensajes partidarios que pretendan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, situación por la que el GPPRD no estuvo de acuerdo con dicha Ley.
