Guanajuato, Gto., a 12 de abril de 2018.- Para “Con la aprobación por unanimidad de la propuesta para incrementar las penas contra quienes atenten contra la vida de policías estatales o municipales, ministeriales y jueces penales, el Congreso local envía un mensaje claro y contundente de que como sociedad no toleraremos a quienes usan la violencia como instrumento para sostener redes delictivas y que respaldamos a los hombres y mujeres encargados de la seguridad pública y la administración pública”, enfatizó la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo.
La legisladora habló a favor de la reserva al artículo 141-a del Código Penal del Estado de Guanajuato, y enfatizó en que se busca que a quienes, en represalia por el trabajo de un servidor público en materia de seguridad pública y administración de justicia, lo asesinen a él o a sus parientes más cercanos, se les aplique la pena máxima que puede imponer el Estado: hasta 60 años de prisión, con un mínimo de 30 años; con ello, también se protegerá a sus cónyuges y familias hasta el cuarto grado de los servidores públicos.
Cabe señalar que también se aprobó la modificación al artículo 150-a del Código Penal, que señala: “Al responsable de lesiones en contra de servidores públicos que desempeñen funciones de seguridad pública, de investigación de delitos, de procuración o administración de justicia en materia penal, de ejecución de penas, de su cónyuge o de sus parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado o con quién viva en concubinato, se aumentará la punibilidad de la mitad del mínimo a la mitad del máximo de la que correspondería con los artículos anteriores”.
En su mensaje, Libia García dijo que “si bien este aumento en las penas no resolverá por sí mismo el desafío en materia de seguridad, estamos convencidos de que es un paso indispensable a dar, y lo creemos por dos motivos: permitirá castigar con mucho mayor rigor a quienes cometan estos asesinatos, manteniéndolos más tiempo alejados de las calles y castigándolos en forma proporcional a la gravedad del delito”.
“El creciente número de asesinatos de policías e integrantes de las fuerzas de seguridad pública es no solo una tragedia para sus familias, sus amigos y sus corporaciones, sino para todo el Estado, y ante esta tragedia, debemos responder por lo tanto con la plena fuerza del Estado, aportando desde nuestro ámbito para prevenir y castigar estas agresiones”, abundó.
Libia García dejó claro que “consideraremos el asesinato de cualquiera de ellos en ejercicio de sus funciones como una agresión directa a todos los guanajuatenses, y responderemos en consecuencia, aplicando la pena máxima que nos permite el marco jurídico”.
Finalmente, apuntó que “esta pena constituye un voto de respaldo desde la ley a los hombres y mujeres que todos los días luchan para proteger la seguridad de todos los guanajuatenses. Una vez más: sabemos que esta no es la solución completa, pero esa solución solo puede construirse haciendo lo correcto, y lo correcto es aprobar esta reserva”.
