Urge que el Gobernador del estado asuma la responsabilidad de reestructurar políticas públicas en materia de seguridad y establecer un pacto social amplio contra la inseguridad pública
Se demanda el esclarecimiento del homicidio de Antonio Briseño, líder sindical de SITATYR en Guanajuato.
El incremento de asesinatos y violencia generalizada registrada en las últimas semanas en la entidad enciende focos rojos en Guanajuato y demandan acciones contundentes de autoridades y sociedad. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) demanda, en consecuencia, respuestas inmediatas de los tres niveles de gobierno y resalta la urgencia para sin demora se establezca un pacto social amplio en contra de la inseguridad y por la paz de las y los guanajuatenses.
De manera reiterada hemos advertido en la necesidad de cambio de políticas públicas en el estado, es el momento en que el Gobernador del estado revise sus políticas públicas y hagan los ajustes necesarios, entre ellos, vean la pertinencia de la renuncia de los responsables de la seguridad pública: el procurador de Justicia del Estado y el Secretario de Seguridad, pero sobre todo el viraje necesario en la materia que resulta impostergable, pues los signos de hartazgo social, son bastos, o él gobierno asume o será rebasado por la organización social, con los costos que ello implica.
El reciente asesinato de Antonio Briseño, líder sindical de trabajadores de Radio y Televisión en la entidad, remata una realidad lacerante: más de 80 homicidios han ocurrido en el estado en el último mes y más de 400 en lo que va del año. El PRD demanda el esclarecimiento de éste y todos los crímenes registrados en la entidad, pues hasta el momento las autoridades no han detenido a quienes presuntamente han ejecutado homicidios y otros delitos graves.
Se trata de hechos que lo mismo reflejan la violencia según el dicho de la propia autoridad estatal generada por la disputa territorial de grupos de la llamada “delincuencia organizada” que la violencia derivada de una profunda descomposición social, ambos aspectos, a su vez, consecuencia de las agudas contradicciones y desigualdades económicas, sociales y educativas existentes en la entidad.
Son también el reflejo del fracaso del costoso Programa Escudo y de políticas públicas en materia de seguridad pública y desarrollo económico, social y humano.
En ese sentido, el PRD plantea dos medidas emergentes: la reorientación de políticas públicas, con una necesaria reestructuración de gobiernos estatal y municipales, y el establecimiento de un Pacto Social Amplio contra la inseguridad.
Es lamentable que mientras que en las calles de las diferentes ciudades y regiones del estado se registra un preocupante aumento de asesinatos, el gobernador del estado y el presidente municipal de la ciudad más poblada y con más poder económico de la entidad salgan de viaje: uno para ir al Vaticano y otro para vacacionar.
Finalmente, consideramos que es impostergable el diálogo y coordinación entre los tres niveles de gobierno, instituciones públicas y privadas, clase empresarial, iglesias, universidades, organizaciones sociales y campesinas y partidos políticos para establecer un amplio Pacto Social y Político que una fuerzas y constituya un frente contra la delincuencia.
