· Asiste la Secretaria General del CEN del PRD a presentación de libro sobre violencia de género
· La violencia asola a la entidad y se enfrentan las secuelas de las políticas de Donald Trump, señaló
· Es necesario un amplio pacto social: Baltasar Zamudio
El gobernador Miguel Márquez debe aplicar un programa integral en materia de economía y seguridad para enfrentar los impactos de las políticas migratorias estadounidenses y los crecientes niveles de violencia que afectan a la entidad.
Así lo señaló la Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Beatriz Mojica Morga, en rueda de prensa realizada en la capital del estado, a donde acudió para ser presentadora del libro “Cultura de la violencia y feminicidio en México”, coeditado entre el PRD y la Universidad de Guanajuato.
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Baltasar Zamudio Cortés, instó a la autoridad estatal a establecer un acuerdo amplio con todos los sectores de la sociedad para hacer cambios radicales en las políticas en materia económica y de seguridad.
En el acto estuvieron presentes el ex presidente nacional del CEN perredista, Carlos Navarrete Ruiz, así como integrantes del CEE.
La dirigente nacional dijo que Guanajuato presenta un incremento de homicidios dolosos que lo colocan entre las entidades con mayor incidencia delictiva y de más feminicidios en el país: en 2016 hubo más de 70 casos de muertes violentas de mujeres, lo que ha llevado al PRD y a organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres a solicitar que se declare la Alerta de Género en la entidad, demanda que ha sido rechazada por el gobierno estatal, quien insiste que sí hay avances en la materia, indicó la secretaria general. Mientras el gobernador Miguel Márquez, añadió, no reconozca esta realidad, no podrá ser combatida con efectividad.
La dirigente resaltó que Guanajuato presume un crecimiento económico, pero éste no se ha reflejado en el bienestar de sus trabajadores debido a los bajos salarios. Este logro, contrastó, enfrenta una problemática social debido a las políticas económicas y migratorias de los Estados Unidos. A Guanajuato, dijo, le afectan la desigualdad económica y social, la corrupción y la impunidad; de ellas se derivan los altos niveles de inseguridad pública y los conflictos políticos.
También demandó al gobernador acciones específicas y eficientes para atender las deportaciones masivas de guanajuatenses que viven en los Estados Unidos. A nivel nacional, indicó, el PRD ha propuesta acciones específicas de atención a migrantes, cambios en la política de migración y atención a connacionales deportados; esos programas deben replicarse en Guanajuato, asentó, tomando en cuenta la importancia de Guanajuato como estado exportador de mano de obra.
Baltasar Zamudio Cortés, por su parte, ilustró que el más reciente informe (2014) del Consejo Nacional de Población (Conapo) indica que 5.2 por ciento de las viviendas guanajuatenses reciben remesas de los Estados Unidos, pero éstas representan una de las principales fuentes de ingreso para familias campesinas y urbanas de bajos recursos. En 2015, Guanajuato recibió más de 2 mil 400 millones de dólares, de acuerdo con datos de Banxico; al tipo de cambio actual representa más de 45 mil millones de pesos, cantidad que constituye la mitad del presupuesto estatal anual para la entidad.
Aseveró que Guanajuato aporta el 9.1 por ciento del total de remesas ingresas al país; al haber expulsión de mano de obra sin documentos de residencia, explicó, tendría un gran impacto en su economía.
De igual manera, abundó, se estima el riesgo de deportación de al menos seis millones de mexicanos; en Estados Unidos se calcula que puede haber al menos 400 mil guanajuatenses en este riesgo a corto plazo, sin contar que el número aumentaría en caso de despidos de residentes.
Zamudio Cortés dijo que lo anterior son hechos que deben poner el alerta al gobierno de Guanajuato y a sus sectores productivos y que la eventual aplicación de una política económica sobreproteccionista en Estados Unidos exige hacer cambios en la política económica de la entidad y dar mayor apoyo a las industrias locales, en especial la del calzado y la textil, así como al comercio de la entidad y fortaleceré su campo.
El gobierno del estado, indicó, le apostó a las inversiones extranjeras, en especial del rubro automotriz; le regaló terrenos a empresas como Toyota y le construyó infraestructura a Honda, Mazda y otras y se generaron empleos, pero con muy bajos salarios.
No se niega que hay un avance económico gracias a las inversiones externas, contrastó pero tampoco se celebra que sea a cambio de bajos salarios y en detrimento del apoyo a los sectores productivos de la entidad.
El líder estatal destacó que en materia de seguridad debe haber una profunda reestructuración en la entidad, empezando con la salida de Álvar Cabeza de Vaca al frente de la Secretaría de Seguridad pública (SSP) y de Carlos Zamarripa de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Recordó que ha propuesto un acuerdo social amplio, en donde los sectores sociales y las entidades de gobierno se reúnan y determinen un pacto con base en un proyecto político integral: debe construirse un proyecto político que genere programas públicos en torno a una economía que genere menos desigualdad, transparentar la función pública y combatir la impunidad. Con esos elementos se podrán fortalecer al país y al estado y con ello enfrentar los problemas internos y los que se deriven de las políticas aplicadas por Trump.
La secretaria general participará a las seis de la tarde en la presentación del libro “Cultura de la violencia y feminicidio en México”, coeditado entre el PRD y la Universidad de Guanajuato bajo la coordinación de la investigadora Ma. Aidé Hernández García.
