Mucha tela de donde cortar.
En lo que transcurre el periodo ordinario de sesiones de la cámara de senadores, sube de tono el discurso legislativo en favor de la iniciativa ciudadana para la ley anticorrupción. Digo en la cámara de senadores porque fue la cámara que se eligió por las organizaciones ciudadanas para llevar su iniciativa. El hecho tiene sentido: si los senadores del PAN y PRD se ponen de acuerdo en la votación; habrá iniciativa ciudadana, con la expectativa puesta en que la cámara de diputados vote en el mismo sentido. Si por el contrario la cámara de origen hubiera sido la de diputados, la incertidumbre de que se votará la iniciativa, desalentaría a todos. El PRI cabildea para que no progrese la ley anticorrupción.
Por ahora se tienen todos los elementos para que por primera vez tengamos una ley que proviene de la iniciativa ciudadana; no es iniciativa del poder ejecutivo, no lo es de los grupos parlamentarios, es decir, no es idea original de ningún partido político, no lo es del poder judicial que gusta de inducir iniciativas…el tema de la corrupción en nuestro país no está en boca de ninguno de los asalariados públicos, está en boca de los ciudadanos que hartos de constatar las trampas de ladrones que se fraguan entre proveedores y servidores públicos, entre contratistas y funcionarios, entre delincuentes e impartidores de justicia, entre candidatos y medios de comunicación, entre jefes y subordinados de las distintas dependencias de gobierno…
El sistema nacional anticorrupción es una idea que resuelve la inquietud de los servidores públicos: tener un discurso anticorrupción y seguir siendo corruptos, la ley tres de tres pone condiciones para disminuir las acciones corruptas de los servidores públicos, es decir, todos los que reciben sus salarios provenientes directamente de los impuestos y advierte sobre los conflictos de intereses, confronta al funcionario sobre los contenidos de sus declaraciones patrimoniales y sobre la veracidad de sus declaraciones de impuestos.
Por el momento seguimos en el país sin leyes que permitan procesar a los corruptos, los padecemos y representan la peor lacra social; personas que tienen la autoridad que les concede la constitución, que provienen en muchos casos, de la suma de voluntades ciudadanas porque fueron electos, otros son el resultado de las combinaciones que permite la ley electoral… Al final ladrones disfrazados de funcionarios, de legisladores, de magistrados y miles de personas que depende de ellos.
De acuerdo con las estadísticas de INEGI la corrupción en nuestro país representa un 9% del Producto Interno Bruto, es frustrante ver cómo la población económicamente activa se esfuerza por lograr tasas de crecimiento del 2.6 % del PIB en un año, cuando los corruptos representan un desfalco para la nación de tres veces la tasa de crecimiento.
Urgen leyes que “tengan dientes” para castigar a los corruptos, como sucede en Honduras, en Brasil, por mencionar dos casos donde los temas de juicio político ya son del dominio ciudadano y las fiscalías entienden su función.
Por décadas, por generaciones, los mexicanos hemos visto como mediocres con fórmulas populistas y proveedores ambiciosos terminan enriqueciéndose de manera criminal con cargo a los recursos públicos. No tarda en que suba de tono el discurso anticorrupción, vendrán cientos, miles de empleados gubernamentales a demandar que se sancione a los corruptos.
Por ahora hay una sola diferencia en las iniciativas de ley anticorrupción, la de tres por tres es de los ciudadanos y más tardarán en votarla los legisladores que en ejercerla… Hay tanta tela de donde cortar….
Hasta la próxima PROSPECTIVA.
José Gerardo Mosqueda Martínez,
Presidente del Instituto de Administración Pública de Guanajuato
presidente@iapguanajuato.org, gmg@gerardomosqueda.com.mx
gerardomosqueda/ mosquedagerardo
