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PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS CONCESIONES DE LARGO PLAZO
- PRESENTA ITZEL MENDO PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL Y A LA LEY DE CONCESIONES PARA CONDICIONAR LA PARTICIPACIÓN DE PARTICULARES EN ESE PROCESO
Guanajuato, Gto., a 16 de octubre de 2025.- Los diputados del Verde en Guanajuato buscan poner fin al “amiguismo empresarial” y establecer filtros jurídicos y legislativos obligatorios para el establecimiento de las concesiones de largo plazo.
“Así se garantiza que el patrimonio del estado sirva exclusivamente a la ciudadanía y no a los políticos y sus amigos”, afirmó la diputada Itzel Mendo González, al presentar la iniciativa que busca reformar la Constitución local y la Ley de Concesiones para condicionar la participación de particulares en ese proceso.
Remarcó que el motor de esta reforma se encuentra en el caso reciente de la concesión de las autopistas Silao-San Miguel de Allende y Guanajuato-Silao. Que, durante la gestión del entonces gobernador Diego Sinhue, se permitiría la explotación de estas vías por 30 años (o más), a cambio de una contraprestación de 107 millones de pesos.
Consideró que el monto es notable si lo comparamos con los ingresos anuales que el Ejecutivo obtenía de esta autopista, cifra que supera los 250 millones de pesos al año; “en términos prácticos, se hipotecó una fuente de ingreso vital para el estado por un precio de burla”.
“Lo más preocupante no es solo el bajo monto, sino la falta de competencia real. A pesar de que quince empresas se inscribieron en el proceso, solo una presentó propuesta. Este escenario, donde una sola empresa, que por cierto fue señalada como la “constructora más beneficiada del sexenio pasado”, con más de cinco mil millones de pesos en contratos, es la única que llega a la meta, desenmascara la ausencia de condiciones equitativas. Por lo que las concesiones se convierten así, en una moneda de cambio, un mecanismo de transferencia injustificada de recursos públicos al sector privado”, añadió.
La diputada señaló que, si bien la legislación actual en materia de concesiones es clara sobre los plazos (de 30 años con posibilidad de prórroga a 60), “su aplicación en un entorno de poder concentrado “ata de manos” a las administraciones entrantes”.
Dijo que esta práctica, que además fue una constante en sexenios anteriores, evita que los nuevos gobiernos puedan revisar las condiciones o buscar soluciones más eficientes para la ciudadanía, trasladando cargas, responsabilidades y consecuencias financieras derivadas de decisiones impuestas y diseñadas “a modo”.
La congresista precisó que, en primer término, la iniciativa busca que el Congreso local deba aprobar por mayoría calificada de dos terceras partes cualquier otorgamiento de concesiones (estatales o municipales) sobre infraestructura pública o bienes inmuebles que pretendan tener una vigencia que exceda el periodo del Ejecutivo o Ayuntamiento en funciones.
“Esta decisión deberá estar precedida por un análisis riguroso de dictámenes técnicos, jurídicos, sociales y ambientales que justifiquen su necesidad y su legalidad”, enfatizó.
En cuanto a la Ley de Concesiones para condicionar la participación de particulares, la iniciativa establece que el otorgamiento de una concesión solo procederá cuando existan circunstancias que lo ameriten y, se acredite la incapacidad técnica, operativa y financiera del Estado para cumplir con esa obligación.
Dijo que “este cambio protege el principio de eficiencia y eficacia en la administración de los recursos, asegurando que la concesión sea un último recurso y no la primera opción para evitar responsabilidades propias”.
Mendo González refirió que se propone garantizar la no repetición de estas prácticas mediante un nuevo artículo que establezca sanciones con todo el peso de la norma a cualquier acto u otorgamiento indebido que cause daño o perjuicio a la hacienda pública, sin importar el rango del servidor público o particular.
Enfatizó que “la gestión pública debe rendir cuentas a los ciudadanos, no a los intereses particulares. En Guanajuato, la necesidad de establecer controles estrictos sobre la adjudicación de obras y servicios que trascienden periodos de gobierno no es una opción”.
