Ante el recrudecimiento de la violencia en la entidad, el gobierno del estado y en especial los funcionarios
relacionados con la seguridad pública deben dejar de lado el autoelogio, la complacencia y las justificaciones y reconocer una realidad social que preocupa: desde hace tres años se ha incrementado un índice delictivo que coloca a Guanajuato en los primeros lugares a nivel nacional en ese rubro; de no cambiar de actitud e implementar cambios en el ejercicio de gobierno, se vislumbra una preocupante aún mayor tendencia a la alza.
Así lo manifestó el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Baltasar Zamudio Cortés, quien añadió que a dos semanas de la reunión entre el gobernador Miguel Márquez y el secretario de gobierno federal, Miguel Ángel Osorio Chong, no se refleja en una coordinación efectiva entre los dos órdenes de gobierno. Los asesinatos, asaltos y actos delictivos de alto impacto continúan, aseveró, sin que siquiera se haya presentado un proyecto general de combate a la delincuencia.
Zamudio Cortés destacó la información difundida por Samuel González Ruiz, especialista en materia de seguridad pública, quien participó en un foro organizado por el partido:
“Datos oficiales recabados por el experto, indican que Guanajuato ocupa el primer lugar nacional en violaciones sexuales y está entre los primeros en violencia sexual, robos a casa habitación ya transeúntes, sin olvidar que también sobresale entre las entidades con mayores robos de combustible y a trenes de carga”.
El líder perredista añadió que en los índices de delincuencia se reflejan tanto los rezagos en materia económica, social y educativa que existen en el estado, como la ineficiencia de las corporaciones policíacas.
El deterioro del tejido social y el fortalecimiento de los grupos delictivos, así como la corrupción que invade a los cuerpos de seguridad han llevado en tan sólo tres años a Guanajuato a ser un estado con niveles de seguridad similares a Europa a los que se viven en Centroamérica, de acuerdo con los datos proporcionados por Samuel González.
Lo anterior, destacó y reiteró Zamudio Cortés, exige un proyecto transversal, en donde se conjunten acciones de tipo social y educativo, además de una efectiva coordinación entre los tres niveles de gobierno e instituciones de la sociedad.
En vez de establecer ese acuerdo, agregó, tanto el gobernador como funcionarios de seguridad pública de la entidad sostienen actitudes de autocomplacencia y autoelogio, con justificaciones y descalificaciones como decir que la violencia es una “mala racha”. Incluso, en el caso de guardianes del orden asesinados, declaraciones como las del Secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, en el sentido de que el riesgo de morir de un policía está estipulado en el contrato laboral, constituye una afirmación insensible y, sobre todo, irresponsable; declaraciones que equivalen a considerar la violencia como algo normal de la que no escapan siquiera los encargados de salvaguarda la integridad del resto de la población, concluyó.
