Guanajuato, 23 de abril.- Arropada por representantes de centros de rehabilitación del estado, la diputada Hades Aguilar presentó una iniciativa para expedir una nueva Ley para la Prevención y Atención Integral de las Adicciones para el Estado de Guanajuato, con el objetivo de atender esta problemática desde un enfoque de salud pública, derechos humanos e integración comunitaria.
Su propuesta busca crear por primera vez en la entidad un marco jurídico específico para prevenir, detectar, atender, rehabilitar y acompañar a las personas con problemas de adicción, además de regular la operación de los centros de rehabilitación públicos, privados y mixtos.
La diputada explicó que actualmente Guanajuato no cuenta con una ley estatal especializada en la materia, a pesar del crecimiento del consumo de sustancias y del aumento del narcomenudeo en la entidad. Esta crisis ha sido enfrentada principalmente por organizaciones sociales y centros de rehabilitación que operan en condiciones de precariedad y sin respaldo suficiente del Estado.
Existen entre 300 y 400 centros de rehabilitación en operación en Guanajuato, aunque sólo unos cuantos tienen certificación, pese a que muchos de ellos sostienen la atención de personas sin recursos económicos.
La iniciativa plantea la creación del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones y de los Comités Municipales de Salud Mental y Adicciones, con el fin de coordinar políticas públicas, campañas de prevención, programas de atención y estrategias de reducción del daño en todo el estado.
Además, propone que el Ejecutivo estatal establezca por lo menos un centro de rehabilitación público en cada región de la entidad, con personal profesional, medicamentos, insumos y presupuesto anual garantizado.Incorpora mecanismos de justicia terapéutica, privilegiando la rehabilitación sobre el castigo para personas con adicciones en conflicto con la ley, y establece que el internamiento residencial deberá ser una medida excepcional, sujeta a diagnóstico médico, consentimiento informado y supervisión institucional.
Contempla un Programa Estatal de Atención Integral a las Adicciones, que deberá incluir diagnóstico actualizado, metas, indicadores, red de centros de atención y recursos informativos para las familias y las personas usuarias.
El proyecto reconoce además que las mujeres enfrentan condiciones diferenciadas de consumo vinculadas a violencia, desigualdad y cargas de cuidado, por lo que incorpora una perspectiva de género en las acciones de prevención, tratamiento y reinserción social. También establece protección especial y atención gratuita para niñas, niños y adolescentes con problemas de adicción.
