Aprueba Congreso iniciativa de David Martínez para garantizar la dignidad postuma

Aprueba Congreso iniciativa de David Martínez para garantizar la dignidad postuma

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Guanajuato, Gto., 11 de noviembre de 2026.– El Pleno del Congreso del Estado aprobó una iniciativa impulsada por el Coordinador de Morena, David Martínez Mendizábal, para incorporar el concepto de dignidad póstuma en la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, con el propósito de fortalecer el respeto a las personas fallecidas y garantizar un trato digno a sus cuerpos y restos humanos.

La reforma adiciona la fracción XIX al artículo 6 de la Ley de Víctimas del Estado y reconoce que la dignidad de una persona no desaparece con su muerte, por lo que las autoridades deben actuar con respeto, sensibilidad y consideración durante los procedimientos de identificación, recuperación, conservación, tratamiento y entrega de cuerpos y restos humanos.

Con esta modificación, se establece que la dignidad póstuma comprende el respeto y la protección del trato digno de las víctimas fallecidas, incluyendo sus restos cadavéricos o humanos, libres de cualquier forma de degradación, así como la protección de su identidad, imagen y memoria.

La propuesta adquiere especial relevancia ante la problemática de personas desaparecidas que enfrenta Guanajuato y las dificultades que atraviesan sus familias durante los procesos de búsqueda, identificación y recuperación de sus seres queridos.

David Martínez destacó que las familias no solamente enfrentan la incertidumbre de no conocer el paradero de sus seres queridos, sino que también tienen derecho a recibir información, acompañamiento y un trato institucional respetuoso durante todo el proceso.

La reforma ayudará a generar un referente jurídico que oriente la actuación de las autoridades y contribuya a evitar prácticas de revictimización, errores de identificación, entregas equivocadas y cualquier actuación que vulnere la dignidad de las personas fallecidas y sus familias.

Asimismo, la incorporación de este concepto fortalece el marco normativo estatal y permite armonizar la interpretación de la Ley de Víctimas con los principios constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.